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El 31 de enero del 2013, se publicó el decreto presidencial que prórroga hasta el 31 de enero de 2014 el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”. Independientemente de la renovación del decreto; el incremento en el número de amparos, de vehículos que no cumplen con los términos de importación y en el flujo de automóviles importados por la frontera con los EE.UU., reflejan la alta vulnerabilidad de este instrumento regulatorio.

El viernes 1 de febrero en conferencia de prensa Salvador Montero, Coordinador del Sector Transporte en el Centro Mario Molina declaró al respecto “se estima que desde el 2005 hasta la fecha han entrado cerca de 5.2 millones de vehículos usados, es decir, poco más de 700 mil vehículos anualmente limitando la introducción de tecnologías más limpias e impactando directamente en la calidad del aire en el país”.

Por su parte, Gabriela  Niño, Coordinadora de Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explico que “no obstante la prórroga del Decreto, esta medida es poco eficaz ya que existen importadores que han interpuesto juicios de amparo pudiendo eludir la aplicación del mismo, haciendo visible la necesidad de complementar el marco regulatorio de la importación de estos vehículos”.

Finalmente, Salvador Herrera, Director Adjunto del CTS EMBARQ México, afirma que “los autos importados representan una solución engañosa para el individuo, pero jamás serán la solución para satisfacer las necesidades de movilidad de la ciudad. Señaló que se deben ofrecer mejores alternativas de transporte para las personas con el fin de evitar opciones que al largo plazo afecten negativamente la competitividad de las urbes del País”.

El Gobierno Federal ha puesto un gran énfasis en la necesidad de enfocar las posibilidades de desarrollo nacional en un crecimiento verde. Económicamente hablando, controlar la importación de autos usados de mala calidad impulsaría el mercado doméstico y se evitarían tanto emisiones como costos sociales y de infraestructura. Costos que actualmente debilitan el crecimiento económico de nuestras Zonas Metropolitanas.

Ante uno de los retos más relevantes al que nos enfrentamos como sociedad mexicana en materia de seguridad energética, ambiental, de salud pública y de competitividad económica, el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México (CTS EMBARQ) con apoyo de la Embajada Británica en México; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro Mario Molina (CMM) abogamos por un enfoque regulatorio integral a través de herramientas regulatorias consolidadas. La existencia de mecanismos normativos permitiría el desarrollo de certidumbre institucional en la vigilancia y mitigación de los amplios costos sociales que generan los “autos chocolate”.

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